Más de 8.5 millones de jóvenes serán nuevos votantes en el 2012 /Karla Garduño y Martha Martínez
En la elección presidencial del 2012, México tendrá el mayor número de potenciales nuevos votantes en su historia: 8.5 millones de jóvenes que habrán cumplido entre 18 y 20 años antes del 1 de julio. Es la cifra más alta desde el 2000 para este grupo poblacional, que a partir del 2015 comenzará a decrecer.
Pero eso no implica que todos esos jóvenes acudan a las urnas o siquiera se inscriban en el padrón electoral. Según datos históricos del Instituto Federal Electoral, desde el 2000, sólo unos 2.5 millones de jóvenes de 18 y 19 años cuentan con credencial de elector en cada elección federal.
El crecimiento de votantes potenciales que se ha dado desde el 2000 no se ve reflejado en el padrón. Por ejemplo, entre 2006 y 2009, los jóvenes entre 18 y 20 años pasaron de 7.9 a 8.1 millones; sin embargo, el padrón se redujo de 2.5 a 2.4 millones entre la elección presidencial y la intermedia.
A pesar de las campañas del IFE que cada año promueven la participación de los jóvenes, apenas un 40 por ciento de los nuevos votantes acuden a las urnas.
En la elección del 2003, el IFE se planteó llevar a cabo un análisis de la participación ciudadana a partir de la revisión de una muestra de más de 2 mil paquetes electorales. Los resultados revelan que de los 2 millones 200 mil 159 jóvenes entre 18 y 19 años que estaban en la lista nominal –que representaban un 3.4 por ciento–, votó el 39 por ciento (809 mil 97), porcentaje inferior al de la participación general, que fue de 41.1 por ciento.
Los que más votaron fueron los de 18 años (un 43.9 por ciento de la lista nominal), luego los de 19 (36.4 por ciento) y en el siguiente grupo de edad, de 20 a 24 años, la participación baja a 30.8 %
En el 2006, el IFE no pudo llevar a cabo el estudio porque los paquetes electorales todavía se encuentran en resguardo debido a las demandas judiciales que solicitan su apertura. El estudio del 2009 no ha concluido, pero según anunció el presidente del órgano electoral, Leonardo Valdés, éste se llevaría a cabo incluyendo variables sobre la anulación del voto.
Según la última encuesta nacional de juventud realizada por el Instituto Mexicano de la Juventud en 2005, la mayoría de los jóvenes tienen poco o nada de interés por la política. De los encuestados entre 12 y 29 años, 39.8 por ciento dijo estar poco interesado en la política y un 44.1 por ciento respondió que no le interesa nada. Las principales razones de su apatía eran el desinterés (38.8 por ciento) y la deshonestidad de los políticos (22.3 por ciento). Sin embargo, 6 de cada 10 dijeron que sí participarían en las elecciones y sólo el 2 por ciento dijo que no lo haría.
Por lo pronto el padrón electoral avanza en el registro de jóvenes votantes. Para julio de este año, contaba con 2 millones 903 mil 812, un incremento del 17 por ciento con relación al año pasado.
Bono demográfico y electoral
México tiene actualmente un bono demográfico que significa que su población madura o económicamente activa crece en relación con los niños y los adultos mayores. Según estimaciones de Conapo, la población madura (entre 15 y 64 años) constituía la mitad de la población en 1970; en el año 2000 representaba el 62 por ciento, y para el 2050 será el 68 por ciento; esto significa que la relación entre población activa e inactiva pasará de 1 a 2 en 80 años.
En 2012 se estará alcanzando uno de los picos más importantes del bono demográfico porque 2.9 millones de jóvenes cumplirán su mayoría de edad. Sumado a los 2.8 millones que tendrán 18 en 2011 y a los 2.7 que alcanzarán esa edad en 2010, se tiene el número de potenciales electores más alto de la historia: 8.5 millones.
En el 2000, hubo 7.3; en el 2003, 7.7 millones; en 2006, 7.9, y en 2009, 8.1 millones. Luego de la elección presidencial del 2012, esta cifra irá en disminución: 8.1 en 2015, 8.2 en 2018 hasta 7.6 en 2024.
Según Conapo, existen más de 33 millones 500 mil personas entre 12 y 29 años de edad, lo que equivale a 3 de cada 10 mexicanos.
Proyecciones de población indican que estos jóvenes representarán el grueso de la población en 20 años más, de ahí que de las oportunidades que ahora se les brinden en materia de salud, empleo, educación, desarrollo y esparcimiento dependerán las condiciones de la próxima generación de adultos.
"El bono demográfico representa una oportunidad única para prepararse para el futuro, ya que los resultados de esas inversiones son fundamentales para lograr el ahorro y los saltos productivos necesarios para hacer frente al aumento exponencial de costos que acompañará el envejecimiento ineludible de la sociedad", advierte la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
En México, sin embargo, no existe aún una política pública consolidada para que el País aproveche bien esta situación inédita.
Fuera de los planes
En México, existe un Programa Nacional de la Juventud, todos los estados, incluido el Distrito Federal, cuentan con instituciones especializadas y, desde hace 2 años, la Cámara de Diputados etiqueta recursos específicos para este sector en diversos programas, en 2010 suman alrededor de 150 mil millones de pesos.
Dichos mecanismos son similares a los primeros pasos de países como Brasil y España para hacer de sus jóvenes actores de desarrollo, pero un estudio del Observatorio Ciudadano de Políticas Públicas para la Juventud establece que en los documentos rectores de la política social del País, los jóvenes son prácticamente invisibles.
En el Plan Nacional de Desarrollo, sólo un objetivo está dirigido de manera directa a este sector.
En cuanto a los 18 programas sectoriales, que determinan las metas sexenales de cada Secretaría de Estado, de 16 que fueron analizados sólo la mitad contiene estrategias pensadas para los jóvenes: Agricultura, Desarrollo Social, Educación, Gobernación, Reforma Agraria, Salud, Trabajo y Turismo.
El Programa Nacional de la Juventud, presentado en 2008, no ha sido implementado en su totalidad. Por ejemplo, establece como objetivo la promoción de los derechos humanos, pero la CNDH no cuenta con una área o programa focalizado.
Gloria Alcocer, directora de la organización civil Fuerza Ciudadana y una de las autoras del estudio, señala que las acciones de la CNDH en materia de juventud son coyunturales y en muchos casos se llevan a cabo a petición de las organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema.
El programa también contiene objetivos en materia de educación cívica, participación ciudadana y democracia, pero el IFE cuenta con sólo dos programas dirigidos a este sector: la consulta infantil y juvenil, que el año pasado no se hizo, y el concurso Una rola por la democracia.
A nivel federal, se están implementando alrededor de 30 programas sociales focalizados, en la mayoría de los casos se trata de becas de la SEP. Existen otros programas que están dirigidos a la población general, entre la que se encuentran sectores juveniles, pero se desconoce su número real.
El análisis de los presupuestos federal y estatales indica que en 2010 los recursos destinados a institutos juveniles ascendieron a más de 805 millones de pesos. Datos del Imjuve indican que, contando algunos programas generales, los recursos suman más de 150 mil millones de pesos.
Alcocer advierte que la falta de claridad en los recursos que se destinan a la atención de los jóvenes es un reto en materia de transparencia, ya que resulta prácticamente imposible monitorear cuánto del presupuesto de programas generales es destinado a la juventud y cómo se gasta.
Otro problema es que el trabajo de las instituciones de gobierno especializadas no ha sido evaluado a pesar de que muchas de ellas, como el Imjuve, tienen más de 10 años de existencia, por lo que no es posible saber si su trabajo es efectivo o no.
Ignorados por el Congreso
En la agenda del Congreso, los jóvenes tampoco tienen un papel importante. La directora del Imjuve, Priscila Vera, admite que un reto del instituto que dirige es lograr que los legisladores reconozcan a éstos como sujetos de derechos.
"Es lamentable que no haya una agenda legislativa para los jóvenes que, siendo la mayor proporción de este País, no estén representados en la agenda legislativa", sostiene.
Entre 2006 y lo que va de 2010, fueron presentadas cuatro iniciativas cuyo objetivo es ampliar las facultades del Instituto, promover la inserción laboral y prevenir actos de discriminación.
Todas las propuestas, dos presentadas en el Senado y dos en la Cámara de Diputados, se encuentran en la congeladora.
La no discusión de estas iniciativas ha generado que el Imjuve no cuente con mecanismos para obligar a las Secretarías de Estado y organismos autónomos a acatar sus recomendaciones.
Vera reconoce que la política para este sector depende en gran medida de la buena voluntad del Secretario en turno.
"Aunque somos el órgano coordinador de la políticas públicas, no contamos con las facultades suficientes para incidir en el presupuesto, para dar las recomendaciones, para hacer seguimiento... es un tema que tiene que estar en la agenda legislativa, que este Instituto tenga facultades suficientes para dar seguimiento, que no esté sujeto a la buena voluntad o a la capacidad de cooperación", sostiene.
La funcionaria señala que aún no se conoce si los jóvenes están teniendo acceso a los programas implementados, si éstos funcionan y si su operación garantiza que los recursos etiquetados por la Cámara de Diputados sean utilizados de manera correcta.
"Sí considero que se ha transversalizado (sic) el tema, que las Secretarías están atendiendo; lo que hace falta es ver la efectividad de los programas, si los jóvenes están teniendo acceso a ellos, si las reglas de operación son suficientemente claras para que los jóvenes tengan acceso", advierte.
Vera informa que el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Pública será el encargado de evaluar la eficacia de los programas de juventud; los resultados estarán listos a finales de 2011, es decir, un año antes de que concluya la actual Administración.
El Congreso tampoco ha iniciado la discusión sobre la necesidad de contar con una Ley General de la Juventud, necesaria para obligar a los estados a legislar sobre el tema. Tampoco ha impulsado la ratificación de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.
Esta convención fue firmada por el Gobierno mexicano, pero su ratificación se encuentra pendiente desde hace 4 años. El documento es el único instrumento regional que aborda de manera específica los derechos de la juventud y ratificarlo ayudaría, entre otras cosas, a homologar el concepto de juventud.
Los gobiernos federal y estatales no han logrado ponerse de acuerdo en este punto: a nivel federal se establece que la juventud abarca de los 12 a los 29 años de edad, en los estados varía entre los 15 y 30 años. La Convención reconoce que esta etapa comprende de los 15 a los 24 años.
El bono en riesgo
Sebastián Ramírez, integrante de la Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, advierte que no emprender acciones para terminar con las deficiencias de la política pública para jóvenes es un riesgo para el País.
Ramírez asegura que si bien el bono demográfico comienza en 2 años más, México está reconociendo demasiado tarde la importancia de invertir en la juventud, de ahí la importancia de emprender acciones inmediatas.
"El Consejo de Juventud español tiene 25 años, es decir, hace 25 años comenzaron a formar un espacio que articulara esfuerzos de la sociedad civil y el gobierno y generara diálogo con el Estado español; nosotros tenemos un Instituto con más de 10 años y no hemos podido articularnos y apenas se está reconociendo la importancia de invertir en la juventud, pero en las acciones de gobierno no se nota el compromiso", señala.
Si bien los jóvenes de hoy tienen mayor educación, 97 por ciento saben leer y escribir, datos de organismos nacionales e internacionales indican que este sector sigue enfrentando problemas de desempleo, salud, pobreza y acceso a la justicia.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia señala que de los 12.8 millones de jóvenes entre 12 y 17 años de edad, más de la mitad se encuentran en situación de pobreza y 1 de cada 5 tiene ingresos familiares y personales tan bajos que no les alcanzan para la alimentación mínima requerida.
Los jóvenes entre 14 y 29 años de edad representan el 53 por ciento de la población desempleada del País. El INEGI muestra que este indicador se incrementó en un 5 por ciento al pasar de un millón 255 mil desempleados en el primer trimestre de 2009 a un millón 300 mil jóvenes sin empleo en el mismo periodo de 2010.
De los más de 77 mil 500 presos que existen en el Distrito Federal y el estado de México, entidades con el mayor número de reclusos en el País, 48 por ciento son jóvenes entre 18 y 30 años de edad.
En materia de salud, además de los problemas "tradicionales" como el embarazo adolescente, que afecta a una de cada dos jóvenes, actualmente se enfrentan nuevos problemas como la obesidad. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, 25 de cada 100 jóvenes entre 16 y 18 años padecen algún grado de obesidad, por lo que el riesgo de desarrollar enfermedades propias de adultos, como diabetes, hipertensión arterial y trastornos cardiovasculares, es muy alto.
Oportunidad para redefinir
Entre el 23 y el 27 de agosto, México será sede de la Conferencia Mundial de la Juventud. El Imjuve, encargado de coordinar el evento, calcula que asistirán más de 100 delegaciones y ministros de Educación y Juventud de diversos países.
De este evento surgirá una declaratoria que se convertirá en el eje de la acción mundial de la juventud. Su contenido, según el Imjuve, ha sido desarrollado con las aportaciones de organizaciones civiles, jóvenes y autoridades que participaron en 22 foros de consulta nacionales y 3 consultas regionales en Europa, África y América.
El documento será dado a conocer el 27 de agosto próximo y será entregado al Consejo General de la Organización de las Naciones Unidas, que se reunirá en septiembre próximo para analizar los avances de los Objetivos del Desarrollo del Milenio.
El objetivo es lograr que la ONU reconozca que para avanzar en el cumplimiento de las metas es necesario que los gobiernos inviertan en su juventud.
La declaración incluirá los ocho Objetivos del Desarrollo del Milenio, además de temas como la cultura, la seguridad, el acceso a la justicia y los derechos humanos.
Para las organizaciones civiles que trabajan con jóvenes, la conferencia es una enorme oportunidad para que el Gobierno mexicano redirija sus políticas públicas para este sector y convierta a los jóvenes en actores estratégicos del desarrollo.
